El gobierno federal corta la financiación de un programa histórico de análisis de marihuana
El gobierno de Estados Unidos ha cancelado abruptamente un programa de investigación que llevaba décadas monitoreando la potencia del cannabis incautado, como parte de los recortes impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), actualmente liderado por Elon Musk bajo la administración Trump.
El contrato, históricamente asignado a la Universidad de Misisipi, financiaba el análisis de muestras de cannabis para medir los niveles de THC y CBD. Esta universidad ha sido el centro de la investigación federal sobre marihuana desde los años 60 y fue durante décadas el único proveedor autorizado por el gobierno para cultivar cannabis con fines científicos.
¿Qué analizaba el programa y por qué importa?
El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) confirmó que el programa analizaba tres tipos de productos: material vegetal, hachís y aceite de hachís. Utilizando cromatografía de gases, se identificaba la concentración de tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo, así como de otros cannabinoides como el cannabidiol (CBD).
Los datos recopilados durante casi 30 años revelan un aumento progresivo del THC: del 3,96 % en 1995 al 16,14 % en 2022. Pero ahora ese seguimiento podría cesar. El contrato de 143.000 dólares fue cancelado oficialmente el 1 de mayo “por conveniencia” administrativa, en el marco de las medidas de austeridad promovidas por DOGE.
En una publicación en X, el departamento señaló que en total se rescindieron 148 contratos federales por un valor de 420 millones de dólares, alegando eliminación de “gasto innecesario”. Sin embargo, científicos y expertos denuncian que este tipo de recortes comprometen la investigación pública y el acceso a datos clave.
Críticas: se recorta ciencia, no represión
La cancelación se suma a la eliminación de otra beca federal que financiaba un estudio sobre el consumo de cannabis en poblaciones LGBTQ+, personas no binarias y mujeres heterosexuales. Para muchos, esto confirma una tendencia preocupante: limitar la investigación sin tocar a las agencias encargadas de la criminalización del cannabis.
La DEA, que suministra las muestras para los análisis, ha intensificado sus esfuerzos de reclutamiento, incluso animando a personas sin experiencia previa —como baristas— a unirse a la “guerra contra las drogas”.
Un memorando interno del Instituto Nacional del Cáncer también generó polémica al revelar que “marihuana” figura entre una lista de temas “controvertidos o delicados” que requieren autorización previa antes de ser abordados por el personal científico.
Aunque algunos esperaban que DOGE centrara sus recortes en agencias policiales como la DEA, la evidencia apunta a un enfoque más severo hacia la comunidad investigadora.
Lee también otros artículos sobre cannabis y política pública
Consulta más reportajes relacionados con la regulación del cannabis y la financiación federal de investigaciones:
- DOGE cancela subvención a la Universidad Estatal de Ohio para estudio sobre cannabis
- Nuevo Hampshire rechaza la legalización del cannabis en 2025
- La República Checa incluirá el cannabis medicinal en el seguro de salud
