Prohibir no significa dejar de consumir
Un nuevo estudio de la Universidad de California en San Diego (UCSD) revela que la prohibición del cannabis no reduce su consumo. Por el contrario, muchos consumidores recurren a alternativas legales pero poco reguladas, como el delta-8 THC, un compuesto derivado del cáñamo.
Según la encuesta, cerca de 19 millones de adultos estadounidenses ya han probado el delta-8 THC. A diferencia del delta-9 THC, principal componente psicoactivo del cannabis, el delta-8 se encuentra de forma natural en cantidades mínimas y suele producirse en laboratorios a partir de CBD extraído del cáñamo.
La Farm Bill de 2018 legalizó el cáñamo con menos de un 0,3% de delta-9 THC, pero no mencionó el delta-8. Este vacío legal permitió el crecimiento de un mercado amplio y poco controlado.
Mayor consumo en los estados prohibicionistas
Los resultados, publicados el 3 de septiembre en el American Journal of Preventive Medicine, se basan en una encuesta representativa a más de 1.500 adultos en todo el país. Las cifras muestran un patrón claro:
- 10,9% de los adultos en estados donde el cannabis está prohibido declararon haber consumido delta-8 THC.
- En los estados con cannabis recreativo legalizado, la cifra baja al 5,5%.
- En los estados con uso solo medicinal, como Florida, asciende al 8,5%.
El hallazgo refleja que, cuando no existe acceso regulado al cannabis, los consumidores se vuelcan hacia sustitutos más fáciles de conseguir, aunque sean más arriesgados.
Riesgos para la salud pública
El delta-8 THC se vende libremente en gasolineras, estancos y tiendas de conveniencia, a menudo en presentaciones coloridas que se asemejan a caramelos. Esto aumenta el riesgo de ingestas accidentales por parte de menores.
Desde 2021, tanto la Food and Drug Administration (FDA) como los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) advierten sobre “graves riesgos para la salud” relacionados con este compuesto. Los centros de toxicología han registrado un notable aumento de intoxicaciones vinculadas al delta-8.
“El estudio demuestra que la gente no deja de consumir cannabis solo porque esté prohibido en su estado”, señaló Eric Leas, Ph.D., M.P.H., autor principal de la investigación. “Se orientan hacia alternativas más accesibles, aunque estén menos estudiadas o mal reguladas. Es un ejemplo clásico de consecuencias no deseadas de la política pública”.
El vacío legal y el debate político
El auge del delta-8 pone en evidencia las carencias del marco legal federal. El senador Mitch McConnell, que impulsó la legalización del cáñamo en 2018, reconoció más tarde las consecuencias no previstas de la ley. En julio de 2025 intentó prohibir los THC derivados del cáñamo mediante una enmienda presupuestaria, pero sin éxito.
Los investigadores de UCSD recomiendan revisar la Farm Bill o aprobar una legislación específica que regule los cannabinoides en productos terminados.
Hacia una política de cannabis más equilibrada
Los autores subrayan que las prohibiciones estrictas no eliminan la demanda, solo la desplazan.
“Pensamos a menudo que prohibir un producto soluciona el problema”, dijo Leas. “Pero cuando el mercado se mueve más rápido que la regulación, surgen nuevos riesgos. Para reducir daños, necesitamos políticas que reflejen cómo actúan realmente las personas, no solo cómo esperamos que actúen”.
En estados densamente poblados como Texas, Georgia, Carolina del Norte, Florida y Pensilvania —que en conjunto reúnen a casi 90 millones de habitantes—, el delta-8 THC probablemente seguirá expandiéndose mientras el acceso al cannabis permanezca restringido.
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