Una promesa que se marchita
En los campos secos de Belen, un pueblo agrícola del estado de Nuevo México, Pamela Craddock se arrodilla entre plantas muertas de cannabis. Hace apenas dos años, ella y su esposo apostaron por una nueva vida cultivando marihuana legal. Hoy, enfrentan deudas por 40.000 dólares y una parcela invadida por maleza.
La historia de los Craddock no es un caso aislado. Decenas de pequeños cultivadores están abandonando el negocio debido a un cambio normativo que restringe severamente el uso del agua. En un estado golpeado por la sequía, conseguir derechos de agua se ha convertido en una barrera insalvable.
Prohibido traer agua: el giro de la política estatal
Cuando Nuevo México legalizó el uso recreativo del cannabis en 2021, muchos agricultores rurales comenzaron sus cultivos utilizando agua transportada en camiones cisterna. Era una solución habitual en zonas sin acceso a fuentes propias.
Sin embargo, a comienzos de 2024, el Departamento de Regulación y Licencias, a través de la División de Control del Cannabis (CCD), en coordinación con la Oficina del Ingeniero del Estado (OSE), cambió las reglas. Desde entonces, está prohibido usar agua transportada como fuente principal para el cultivo de cannabis, salvo acuerdos especiales con entidades a largo plazo.
“El problema es que mucha gente cree que por tener tierras junto a un río o una acequia ya tienen derechos de agua, y eso no es así”, explica John Romero, director de la división de derechos de agua del OSE.
Una historia de agua y poder
Los derechos de agua en Nuevo México son el resultado de siglos de disputas y acuerdos. Se basan en una mezcla compleja de usos indígenas, leyes del periodo colonial español y normativas modernas. Obtener un derecho legal de uso de agua puede costar miles de dólares y depende de factores como la ubicación y el tipo de fuente.
A esto se suma la crisis climática. Según el Sistema Nacional Integrado de Información sobre Sequías, el 40% del estado está actualmente bajo condiciones de sequía extrema. Además, Nuevo México mantiene un litigio de años con Texas y Colorado por el uso del agua del río Grande.
“No podíamos pagar el agua”
Para Pamela Craddock, la noticia fue devastadora. Comprar derechos de agua era inviable económicamente, así que no le quedó otra opción que dejar morir sus 200 plantas.
“Si hubiéramos tenido agua esta temporada, estarías viendo 200 plantas verdes”, dice. “Tengo fotos de mí descalza, sembrando con mis manos. Ahora todo está seco.”
La familia tiene licencia hasta agosto y planea vender los últimos 30 kilos de flores secas que aún conserva. Después de eso, se retiran del negocio.
Una crisis que golpea a los pequeños
Arin Goold, propietaria de la tienda de cannabis Mama and the Girls en Albuquerque y de una finca en Estancia, también teme por el futuro. Aunque trabaja con una asociación de agua (Entranosa), no está claro si su sistema cumple con los nuevos criterios.
“Esto tiene implicaciones enormes. Muchos pequeños agricultores no van a poder seguir”, asegura.
Resistir en la frontera: el caso de Ramah
A unos 60 kilómetros de la frontera con Arizona, Matthew Brown intenta salvar su proyecto. Se mudó desde Texas en 2017 para establecerse en la industria del cannabis de Nuevo México. Invirtió en una finca equipada con un sistema de captación de lluvia que almacena hasta 11.000 litros de agua.
Pero el estado no considera este método como fuente principal válida. Brown logró obtener una excepción temporal de un año, pero ahora necesita encontrar derechos de agua en una zona limitada por tierras de tres comunidades tribales: la Nación Navajo, el Pueblo Acoma y el Pueblo Zuni.
“Si el estado no iba a permitir esto, no debieron haberme dado una licencia desde el principio”, lamenta. “Ahora llevamos tres años invertidos, y cambian las reglas.”
Lo más paradójico, dice, es que incluso si logra adquirir derechos de agua, probablemente nunca llegue a usarlos. “Tendré que pelear por agua que no voy a utilizar.”
El Estado ofrece excepciones… por ahora
Las autoridades aseguran que no buscan cerrar granjas, sino regular el uso del agua de forma legal y sostenible. Según Romero, los cultivadores pueden solicitar exenciones temporales mientras encuentran fuentes válidas.
Hasta la fecha, 75 productores han presentado solicitudes, aunque se espera que la cifra aumente conforme se acerquen las fechas de renovación de licencias, que son rotativas.
Aun así, para muchos, como los Craddock, la decisión ya está tomada: dejar la tierra, cerrar las puertas y asumir las pérdidas.
Cannabis y clima: una batalla global por el agua
Lo que ocurre en Nuevo México no es un caso aislado. Es parte de una realidad más amplia, en la que el cambio climático, la escasez de recursos y las normativas cambiantes definen quién puede seguir cultivando y quién no.
Las grandes empresas tienen recursos para adaptarse. Pero los pequeños agricultores, que muchas veces operan de forma sostenible y local, están siendo expulsados de un mercado cada vez más competitivo.
También te puede interesar: Cómo se enfrenta la industria global del cannabis a desafíos similares
La crisis del agua en Nuevo México refleja una tendencia global. En distintas partes del mundo, los pequeños productores de cannabis enfrentan barreras relacionadas con el clima, el acceso al mercado y la regulación. Descubre más en nuestros reportajes:
- Ruanda: La industria del cannabis medicinal se prepara para 2025
- Canadá y Tailandia: Una misión comercial conecta productores internacionales
- Australia: Productores locales exigen mayor apoyo gubernamental
